19/12/2019 - En 2018, exactamente dos años después de la entrada en vigor de su ley sobre responsabilidad corporativa, Colombia concluyó su primer caso de cohecho internacional contra una sociedad y, en la actualidad, está investigando a 20 empresas. Estos avances son alentadores, pero, según un nuevo informe del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho, Colombia debería ahora aumentar la colaboración entre las principales autoridades del gobierno y organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes en el desarrollo de una política global sobre cohecho internacional y en la imposición de sanciones contra personas físicas y jurídicas por la comisión del delito.
Desde la evaluación de la Fase 2 realizada por el Grupo de Trabajo en 2015, Colombia ha demostrado un compromiso limitado en cuanto a capacitación y creación de conciencia en la esfera del cohecho internacional, así como en lo que se refiere a su detección y denuncia. En particular, la ley que regula la protección a denunciantes sigue desesperadamente inexistente. Asimismo, el Grupo de Trabajo observa que es necesario seguir haciendo todo lo posible por desarrollar la capacidad de los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes para detectar, investigar y perseguir proactivamente el delito de cohecho internacional. También se podrían adoptar medidas adicionales para evitar que la política influya en las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con este delito.
El Grupo de Trabajo ha concluido recientemente el Informe de evaluación de la Fase 3 sobre la implementación de Colombia de la Convención Anticohecho de la OCDE y demás instrumentos conexos, y formula las siguientes nuevas recomendaciones:
El Informe también subraya los aspectos positivos de los esfuerzos que Colombia dedica a combatir el cohecho internacional. En particular, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha estado investigando denuncias de delitos de cohecho internacional cometidos por personas jurídicas, y fomentando la ejecución de programas de cumplimiento anticorrupción dentro de las empresas. Se espera que las investigaciones de personas físicas que está llevando a cabo la Fiscalía den lugar a la intensificación de la persecución del delito. Asimismo, parece que Colombia dispone de un marco sólido de cooperación internacional en los casos de cohecho transnacional. Las medidas adoptadas por Colombia para que los revisores fiscales asuman la obligación de denunciar los actos de cohecho internacional pueden también fomentar la detección y la sanción de este delito, aunque tendrá que seguir esforzándose por mejorar dicha detección a través de mecanismos contra el lavado de activos.
El 12 de diciembre de 2019, los 44 miembros del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho adoptaron el Informe de evaluación de la Fase 3 de Colombia. El Informe incluye las recomendaciones que el Grupo de Trabajo dirige a Colombia en las páginas 62 a 66 y una sinopsis de las recientes medidas coercitivas y disuasorias adoptadas y de las características específicas del marco de Colombia en materia legal, normativa e institucional para luchar contra el cohecho internacional. En diciembre de 2020, Colombia presentará un informe oral al Grupo de Trabajo sobre los progresos realizados en la adopción de una ley de protección a denunciantes. Conforme al procedimiento establecido, Colombia presentará un informe por escrito al Grupo de Trabajo en un plazo de dos años (es decir, en diciembre de 2021) sobre la aplicación de todas las recomendaciones y sobre las medidas coercitivas y disuasorias adoptadas, que también se pondrá a disposición del público.
Se invita a los periodistas que deseen ampliar esta información a ponerse en contacto con Daisy Pelham de la División Anticorrupción de la OCDE (+33 (0)1 45 24 90 81).
La OCDE es un foro de política global que colabora con más de 100 países y promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.
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