París, 20 de julio de 2020 - A pesar de las reformas legislativas que promueven una mayor igualdad de género, normas y prácticas sociales hondamente arraigadas en América Latina y el Caribe (ALC) siguen exponiendo a las mujeres y niñas de esta región a una discriminación que la pandemia del coronavirus (Covid-19) no ha hecho sino agudizar. Las mujeres y niñas vulnerables se ven afectadas de forma desproporcionada, debido a su situación socioeconómica u origen, según el Reporte Regional del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) para América Latina y el Caribe (ALC).

 

El reporte, que abarca 29 países de ALC, muestra avances alentadores en la lucha de la región por la igualdad de género. Desde la edición anterior del reporte del SIGI en 2014, siete países han aprobado leyes que establecen la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años para niños y niñas, sin excepciones. Siete países de la región también han introducido nuevos marcos jurídicos que protegen contra tipos adicionales de violencia contra la mujer, incluido el feminicidio. La protección de los derechos de la mujer en el lugar de trabajo ha mejorado con la introducción o ampliación de los planes de licencia por maternidad y paternidad. Además, la proporción de mujeres que ocupan escaños en los parlamentos de la región alcanzó en 2018 un 30%, por encima del promedio mundial del 24%. En el reporte también se señala que la región se caracteriza por la presencia de fuertes movimientos feministas.

 

No obstante, la persistente discriminación jurídica sigue socavando los esfuerzos por proteger los derechos de la mujer. Lagunas jurídicas y prácticas discriminatorias siguen permitiendo el matrimonio infantil. Cada año, una de cada seis niñas de la región contrae matrimonio o vive en unión libre antes de cumplir los 18 años. Además, ningún país de la región tiene todavía instaurado un marco jurídico amplio que proteja a las mujeres de toda forma de violencia, como la violación, la violencia doméstica y el acoso sexual en el lugar de trabajo, en las instituciones educativas y en los espacios públicos. Nueve países de ALC siguen prohibiendo o restringiendo el acceso de las mujeres a determinadas profesiones. Las leyes de algunos países del Caribe regulan todavía los derechos de la ciudadanía de las mujeres en función de su estado civil.

 

Según el reporte, el cambio es más difícil en la esfera familiar: las expectativas sociales impiden que los hombres asuman las mismas responsabilidades de cuidado que las mujeres y confinan a estas a su función reproductiva. La violencia contra las mujeres suele responder a normas de género –especialmente el machismo– que justifican este comportamiento. Alrededor del 27% de las mujeres de la región han sufrido violencia doméstica a lo largo de su vida (16% en América Central, 21% en el Caribe y 33% en América del Sur). Con todo, el 11% de las mujeres de 15 a 49 años de edad considera que un marido tiene justificación para golpear a su esposa en determinadas circunstancias. Los primeros informes sugieren que la crisis del Covid ha agudizado estas tendencias.

 

Por último, en el reporte se destaca que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad (migrantes, del mundo rural o con bajos ingresos) y adscritas a grupos minoritarios (indígenas, afrodescendientes) se sitúan en la intersección de múltiples modalidades confluyentes de discriminación. Entre los desafíos en la esfera de las libertades civiles figuran la inscripción del nacimiento de sus hijos, el acceso al sistema de justicia y la participación en la vida política. También se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a los sistemas de salud, una situación que la crisis del Covid no ha hecho sino agravar. Por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos modernos es un 20% menor entre las mujeres indígenas que entre la población general.

 

El reporte regional SIGI 2020 para ALC identifica las acciones más urgentes que los gobiernos de la región deberían emprender para acelerar los progresos en materia de género:

 

• Actualizar las leyes para eliminar la discriminación y las lagunas jurídicas, en particular las relativas al matrimonio infantil, la violencia de género, los derechos en el lugar de trabajo y la voz política de las mujeres.
• Desarrollar capacidades públicas y legales que aseguren una observancia adecuada y garanticen la reparación jurídica. Esto requerirá el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios en zonas remotas.
• Adoptar un enfoque holístico e interseccional en la elaboración y aplicación de leyes y programas, velando así por que se tenga en cuenta a todas las mujeres.
• Invertir en capacidades críticas para producir más y mejores datos desagregados por sexo; conceder prioridad a las estrategias de concienciación sobre las cuestiones más apremiantes y mantener bien informados a los responsables de la formulación de políticas.
• Desarrollar campañas de comunicación y concienciación que sensibilicen a todas las partes interesadas en materia de desigualdad de género y discriminación por motivos de género, e informar a mujeres y niñas sobre los derechos y oportunidades que les asisten en virtud de las leyes contra la discriminación.
• Diseñar políticas innovadoras de recuperación económica tras la crisis del coronavirus (Covid-19), imbuyéndolas sistemáticamente de una perspectiva de género.

 

Las consultas de los medios de comunicación deben dirigirse a la Oficina de Prensa del Centro de Desarrollo de la OCDE (email: Bochra.Kriout@oecd.org; tel.: +33 145 24 82 96).

 

Desde su primera edición en 2009, el índice de instituciones sociales y género (SIGI) del Centro de Desarrollo de la OCDE mide las brechas que las leyes, normas y prácticas sociales discriminatorias crean entre mujeres y hombres en términos de derechos y oportunidades. El reporte completo de 2020 y sus 180 notas sobre países pueden consultarse en www.genderindex.org.

 

Wikigender, una plataforma de colaboración en línea, comparte investigaciones, datos y soluciones para avanzar en la igualdad de género, en español, inglés y francés: www.wikigender.org/es/.

 

El informe se benefició del apoyo de la Unión Europea a través del Proyecto Conjunto sobre Género emprendido en el contexto del Fondo Regional para el Desarrollo en Transición, liderado por la Comisión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE.