¿Cuál es el problema?

La larga expresión «erosión de bases imponibles y traslado de beneficios» (BEPS, por sus siglas en inglés) alude a un problema específico de carácter tributario: las empresas multinacionales se aprovechan de las lagunas y discrepancias existentes en las normas tributarias internacionales para trasladar beneficios artificiosamente a países de baja o nula tributación, al tiempo que eluden el pago de su justa cuota de impuestos. Noticias de este tipo, en las que se han visto envueltas marcas famosas, han ocupado los titulares informativos en los últimos años, provocando indignación en la opinión pública y la clase política.  Estas estrategias de elusión fiscal eran, en su mayoría, lícitas, y no se habían sometido a examen hasta el lanzamiento del Proyecto BEPS de la OCDE y el G20. Hasta entonces, las multinacionales podían aprovecharse  de unas normas tributarias insuficientemente armonizadas de un país a otro, que no habían sido actualizadas para adecuarse y dar respuesta a los problemas suscitados por una economía globalizada y digitalizada.

En definitiva, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios tiene efectos perjudiciales para todos, ya se trate de gobiernos, ciudadanos o empresas. Los gobiernos dejan de recaudar los fondos que tanto necesitan: las estimaciones más conservadoras sitúan la pérdida recaudatoria entre el 4% y el 10% de los ingresos fiscales procedentes del Impuesto sobre Sociedades.

Es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares estadounidenses al año que podrían destinarse a educación, asistencia sanitaria, infraestructuras y pensiones. Los ciudadanos resultan igualmente perjudicados, ya sea al tener que asumir impuestos más onerosos por servicios que, en circunstancias normales, se financiarían con los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades, o al no tener acceso a tales servicios. Por su parte, las empresas nacionales se enfrentan a enormes dificultades para competir con las multinacionales que pueden reducir la presión fiscal a la que se ven sometidas trasladando sus beneficios al extranjero.

¿Cómo estamos respondiendo?

El Proyecto BEPS de la OCDE y del G20 surgió a raíz de la crisis financiera mundial, debido a los recortes en los presupuestos públicos y como consecuencia de la indignación pública contra los problemas de elusión fiscal. En 2015, los países de la OCDE y del G20, en colaboración con otros actores relevantes, diseñaron un paquete de 15 acciones que comprendía distintas soluciones para evitar la elusión. Desde entonces, han proseguido los trabajos en esa dirección y ha aumentado el número de países participantes. En la actualidad participan más de 135 jurisdicciones, en igualdad de condiciones, en el Marco Inclusivo sobre BEPS.  Actualmente trabajan para abordar los desafíos fiscales que plantea la digitalización de la economía, y esperan encontrar una solución para finales de 2021.

Entre las líneas de trabajo y áreas de actuación principales en la lucha contra BEPS se incluyen:

• Poner fin al reparto indebido de beneficios entre filiales de multinacionales ubicadas en distintos países[vídeo]
• Ayudar a los distintos países a recaudar el IVA de forma más eficaz en el entorno digital actual [vídeo]
• Facilitar un modelo a las multinacionales para que declaren, país por país, dónde se generan sus beneficios, se producen sus ventas, se encuentran ubicados sus empleados y activos y dónde pagan impuestos [vídeo]
• Suprimir la posibilidad de acogerse al convenio entre Estados más favorable [vídeo]
• Agilizar la rápida aplicación de las medidas antielusivas por medio de un nuevo instrumento multilateral [vídeo]

El Proyecto BEPS de la OCDE ha logrado avances inauditos en la lucha contra las prácticas elusivas como la deslocalización de actividades económicas con fines fiscales.

Emmanuel Macron Presidente de la República Francesa

¿Cuál es el impacto?

El Proyecto BEPS de la OCDE y del G20 representa la iniciativa de política fiscal más ambiciosa jamás emprendida, dada la complejidad de las normas fiscales internacionales que regulan prácticamente toda la actividad económica mundial. ¿Su objetivo? Garantizar la equidad, la coherencia, la transparencia y la alineación de la tributación con el lugar en el que se desarrolla efectivamente la actividad de una entidad.

A día de hoy, se han conseguido importantes logros que han modificado en gran medida las prácticas y comportamientos tanto de los responsables políticos como de las empresas multinacionales.

Más de 135 países y jurisdicciones participan actualmente, en igualdad de condiciones, en el Marco Inclusivo sobre BEPS, con más de 90+ Estados y jurisdicciones signatarios de la Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. La Convención permite ahorrar tiempo a los gobiernos al suprimir las onerosas negociaciones individuales que tardan años en concluirse y ayuda a los países a aplicar eficazmente las recomendaciones del Proyecto BEPS, colmando las lagunas y subsanando las deficiencias en varios miles de convenios fiscales más.

Por otra parte, los países están intercambiando cada vez más información de forma periódica. Ya son más de 2.500 los acuerdos bilaterales en vigor para la presentación de informes país por país, lo que ha dado lugar a que las administraciones tributarias de todo el mundo recopilen e intercambien información detallada sobre todas las grandes empresas multinacionales que operan en sus territorios respectivos. También se han producido intercambios de información sobre más de 30.000 acuerdos entre administraciones tributarias y contribuyentes, los llamados tax rulings, que anteriormente eran secretos, lo que garantiza una mayor transparencia.